Durante los momentos de desesperación, los arizonenses dependían rutinariamente en una línea de crisis para ayuda, la línea 211.

“Todos sabes sobre 211.Yo he referido a otras personas a llamar a esta línea. He llamado yo mismo para buscar refugio”, dijo Enrique Troche, quien recientemente se encontraba sentado en la esquina de una calle cerca de refugio para indigentes CASS en Phoenix.

Pero la organización no lucrativa que maneja la línea ha dado señales de que esta baja de fondos para seguir financiándola y los intentos de que el estado siguiera financiándola fueron fallidos a principios de año. El proyecto de ley se dejó morir a nivel de comité después de que el comité de expertos con mentalidades conservadoras sonó alarmas debido a tres llamadas a la línea de crisis en el 2018 solicitando servicios para abortos.

“El hecho de que tres llamadas pudieron terminar con el programa, es irresponsable”, dijo la Senadora Republicana de Phoenix Heather Carter, el miércoles. “Yo estoy a favor de la vida y necesitamos tener este sistema disponible para nuestras mamas, personas de la tercera edad, para nuestros veteranos.

Carter apoya una propuesta de ley que otorgaría $1.5 millones para restituir el programa. Por segundo año consecutivo, la propuesta no pasa, a pesar de tener apoyo bipartidista a nivel de comité.

Se recibieron más de 900,000 llamadas a la línea en el 2018, según un testimonio previsto en la auditoria de la legislatura a principios de este año. Descrito por uno de los legisladores como “un archivo rotativo (rolodex) a nivel estatal” para servicios, que la mayoría del tiempo refiere a quienes llaman a organizaciones sin fines de lucro que se especializan en salud mental, vivienda y seguro médico.

 Legisladores estatales eliminaron los fondos para el programa durante la recesión y organizaciones sin fines de lucro tomaron cartas en el asunto para mantener la línea de crisis a flote. Pero la línea de crisis solo tiene personal de medio tiempo contestando llamadas durante la semana.

Center for Arizona Policy, un reglamento socialmente conservador es considerado responsable por detener la propuesta ya en proceso. Cathi Herrod, presidente de CAP envió un comunicado a 12 News el miércoles diciendo que ella no se opone a apoyar los fondos para el 211.

“Cuando los legisladores estaban considerando continuar financiando, solo sugerí una enmienda para asegurar que el dinero de los contribuyentes no financiara la promoción del aborto, que es una ley estatal”, Herrod dijo. “Estuve de acuerdo con la mayoría de los arizonenses quienes tampoco quieren que el dinero de los contribuyentes sea usado para referir a personas a recibir servicios de aborto”.

Simpatizantes de la propuesta hicieron énfasis en que más de mil llamadas a la línea durante el 2018 requerían servicios de adopción, y una de las organizaciones no-lucrativas más grandes del estado que apoya con servicios familiares estaban en la lista de apoyo de la propuesta.

Herrod dice que es erróneo hacer un problema sobre “unas cuantas llamadas” porque el 211 también opera una pagina de internet que refiere a usuarios a Planned Parenthood.   

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