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Los oficiales del centro de detención de migrantes de Arizona abusaron verbalmente de los detenidos y usaron fuerza excesiva según informes

Los oficiales en un centro de detención del ICE en Eloy, usaron fuerza excesiva, abusaron verbalmente de los migrantes y descuidaron sus necesidades médicas.

ELOY, Ariz. — Los agentes de un centro de detención de inmigrantes de Eloy usaron fuerza excesiva, abusaron verbalmente de los migrantes y descuidaron sus necesidades médicas, según un nuevo informe de un organismo de control  federal publicado el jueves.

Durante una inspección no anunciada en el Centro Correccional de La Palma (LPCC) entre agosto y noviembre del 2020, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional encontró graves violaciones que amenazaban la salud, la seguridad y los derechos de los migrantes en el pico de la pandemia.

Hace un año, se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en LPCC, ahora tiene el total más alto de infecciones en los centros de detención de ICE a nivel nacional con 767 casos confirmados hasta el momento según los datos de la agencia .

El informe del inspector expone los problemas que pueden haber empeorado las condiciones en esta instalación, lo que llevó a más de 1,300 quejas presentadas por inmigrantes en el centro alegando maltrato y uso excesivo de la fuerza.

Respuesta COVID-19, fuerza excesiva y abuso verbal

Después de ver el video de vigilancia y entrevistar al personal del ICE, los funcionarios del centro "identificaron serias preocupaciones con respecto al cuidado y tratamiento de los detenidos", dice el informe.

En abril, el informe detalla una protesta pacífica que llevaron a cabo los detenidos después de que dijeron que el centro no estaba proporcionando equipo de protección personal para evitar la propagación del virus mortal.

“Una carta firmada por 182 detenidos de LPCC indica que la instalación usó gas pimienta, bolas de pimienta y agentes químicos, y además castigó a los detenidos que protestaban dice el documento.

Las imágenes de la protesta publicadas en el informe mostraban al personal de la instalación usando instrumentos contra los detenidos, "el personal desplegó agentes químicos desde el techo" y "disparó gas pimienta desde dispositivos de mano".

Los investigadores dicen que LPCC no hizo cumplir las precauciones del ICE, incluido el uso de cubiertas faciales y el distanciamiento social, "lo que puede haber contribuido al brote generalizado de COVID-19 en la instalación", pero dijeron que los funcionarios tomaron algunas medidas para prevenir la propagación, como servir comidas a los detenidos, áreas de vivienda especiales y restricción de visitas.

Además del presunto abuso físico, los inmigrantes también describieron un "ambiente de maltrato y abuso verbal".

El informe encontró que un oficial usó lenguaje profano y abusivo para ridiculizar a un detenido, mientras que otro maldijo y calificó a un migrante con un insulto racial, lo amenazó con gas pimienta y colgó su llamada telefónica con su familia.

Unidad médica con escasez de personal

En una selección aleatoria de 100 llamadas por enfermedad de febrero a agosto, el informe también encontró que la unidad médica del centro estaba "críticamente escasa de personal" y los detenidos esperaron un promedio de 3 días para recibir atención, y algunas solicitudes tardaron también más de 3 o 4 días en recibir respuesta o tratamiento.

El informe encontró que LPCC descuidó el manejo apropiado de los reabastecimientos de medicamentos para el cuidado crónico. Citando a un detenido, que es un paciente de cáncer, se le acabó la medicación para la leucemia después de que el personal médico no ordenó una recarga a tiempo.

Los investigadores señalaron que la unidad médica tenía "vacantes que se prolongaron durante varios meses" con el riesgo de "poner en peligro la salud y el bienestar de los detenidos confiados a su cuidado".

A los inmigrantes que estaban en segregación se les negó el acceso a ropa de cama y ropa limpia, sin materiales legales, cortes de cabello, acceso a cubiertas faciales, servicios requeridos para todos los detenidos.

Sobre las alarmas levantadas meses antes

Las presuntas violaciones en el informe se producen meses después de que 12 News informara por primera vez sobre las preocupaciones de los detenidos sobre su propia salud y seguridad, y los riesgos de exposición al COVID-19 en junio pasado.

En una carta, uno de los detenidos le dijo a su abogada Juliana Manzanarez que las instalaciones no tenían una limpieza profesional para que el COVID-19 se siguiera propagando en La Palma.

“No me sorprenden los resultados de este informe”, dijo Manzanarez después de leer los hallazgos de la OIG. "Realmente desearía estarlo".

Manzanarez, quien representó a varios inmigrantes en Eloy, dijo que “fue un gran lío tratar de contactar a nuestros clientes” durante los picos de la pandemia, especialmente cuando “trataba de asegurarse de que estuvieran a salvo”, dijo.

“Algunas de las cosas que se enumeraron en el informe no son nuevas y, lamentablemente, las personas que están detenidas tienen que lidiar con eso”, agregó el abogado.

ICE no estuvo de acuerdo con la mayoría de los hallazgos

El inspector general ofreció ocho recomendaciones a sus hallazgos, que incluían que el centro de detención tomara medidas para abordar los incidentes de uso de la fuerza y las denuncias de maltrato de detenidos por parte del personal, proporcionar cubiertas faciales adecuados y distanciamiento social, y garantizar que los migrantes en segregación reciban los servicios necesarios.

La lista también incluía al personal que rellenaba y administraba los medicamentos de los detenidos, documentaba, revisaba y abordaba las quejas, y garantizaba que los detenidos tuvieran acceso a los oficiales de deportación de ICE.

En respuesta al informe, ICE dijo que tiene "preocupaciones importantes sobre la precisión de los hallazgos" y agregó que "el informe se basa en acusaciones no corroboradas de los detenidos" y que "el equipo de auditoría no entrevistó al ICE ni a los representantes de las instalaciones contratantes con respecto a dos usos de incidentes de fuerza".

ICE también dijo que el informe "omite el contexto necesario en varios casos" y habla específicamente de que el personal médico no tiene suficiente personal. La agencia señaló que la población que utilizaba la oficina de la OIG era de 2,340 detenidos, pero en el momento de la auditoría el promedio era de 1,542.

La Palma es propiedad y está operada por CoreCivic. Un portavoz de la compañía le dijo a 12 News que está de acuerdo con ICE, diciendo que el informe "se equivoca sobre LPCC en más formas de las que es correcto".

“Operamos todos los días en un entorno desafiante que se hizo aún más difícil por una pandemia con la que el mundo entero ha luchado y sigue luchando”, dijo el portavoz Ryan Gustin en un comunicado. “Siempre apreciamos los comentarios y la responsabilidad que brindan nuestros socios, y nos esforzamos cada día por mejorar el servicio que les brindamos a ellos ya las personas a nuestro cuidado”.

La oficina de inspectores dijo que en un seguimiento de enero del 2021, ICE proporcionó planes de acción correctiva para las instalaciones, que mostraban el cumplimiento de la supervisión médica de la segregación.

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