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Arizona tiene la menor cantidad de residentes de hogares de ancianos vacunados contra COVID-19 en la nación, según un informe

El estado también ocupa el puesto número 15 más bajo del país en cuanto a empleados y personal de hogares de ancianos vacunados, según el informe de AARP.

ARIZONA, USA — Nota del editor: El video de arriba se emitió durante una transmisión anterior.

Arizona tiene la menor cantidad de residentes de hogares de ancianos vacunados contra el virus COVID-19, según un  estudio reciente de la AARP.

La asociación publicó recientemente un análisis de datos gubernamentales centrados en las tasas de vacunación en hogares de ancianos en todos los estados de Estados Unidos. 

Alrededor del 63% de los residentes de hogares de ancianos de Arizona, menos de dos tercios, están completamente vacunados, según el informe. 

El artículo en línea también mostró que Arizona ocupó el puesto 13 en la nación en cuanto a personal de asilos de ancianos y empleados vacunados contra el virus.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, creó un grupo de trabajo en julio pasado durante el primer aumento del estado diseñado específicamente para abordar las protecciones y los problemas de COVID-19 para los centros de atención a largo plazo y los hogares de ancianos.

"Nos hemos centrado en proteger a los que están en mayor riesgo, especialmente a nuestras personas mayores y adultos vulnerables", dijo Ducey.

Pero la falta de vacunas entre los residentes más vulnerables del estado y sus cuidadores muestra que el grupo de trabajo ha llevado al estado a la última posición a nivel nacional.

El Departamento de Salud Pública de Arizona y el condado Maricopa tienen un historial poco transparente cuando se trata de datos de COVID-19 de hogares de ancianos. El departamento se negó anteriormente a divulgar información sobre casos y muertes en instalaciones específicas durante el apogeo de la pandemia.

El año pasado, 12 News, The Arizona Republic y otras tres estaciones de televisión presentaron una demanda contra la administración del gobernador Ducey, argumentando que la información ayudaría al público a evaluar qué hogares de ancianos e instalaciones a largo plazo son seguros. 

El juez Christopher A. Coury se puso del lado de la administración de Ducey y dictaminó que el estado no tenía que revelar públicamente el número de casos y muertes entre los residentes de hogares de ancianos y otras instalaciones a largo plazo.

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